Libro: Participación y educación en el sistema escolar

En la actual sociedad chilena se está demandando cada día con mayor fuerza la participación, la participación entendida como una intervención ciudadana activa en la toma de decisiones en cuanto a diferentes instancias como el manejo de los recursos y las diferentes iniciativas que se puedan generar y que vienen a influir directamente en el desarrollo de las comunidades.

La participación ya no es vista solamente como una iniciativa aislada, al contrario, se puede entender como un derecho de los individuos. La participación en la gestión pública involucra actividades de desarrollo de políticas públicas de carácter social, a pesar de que la participación en esta área no se encuentra establecida, se proyecta como necesaria de abordar en las diferentes instancias del desarrollo de una política y con el fin de mejorar la calidad de las políticas por medio de la intervención oportuna de esta participación (CEPAL, 2018).

En el campo de la educación, de forma histórica de viene demandando la necesidad de mejorar la participación social, enfocadas desde el pensamiento y las fuerzas progresistas. La participación es relevante en todos los discursos y en todos los niveles tanto locales y globales y es considerado como una bandera de lucha (Torres, 2001).

El texto se plantea desde las siguientes interrogantes, ¿Cuáles son las principales dificultades que han impedido la implementación de un sistema eficiente de participación?, ¿Qué características tienen las limitantes que han dificultado la implementación?, ¿Cuáles son los principales elementos que se visualizan como componentes centrales de un sistema de participación?, ¿Qué componentes pueden aportar en la mejora de la participación? En el sistema escolar público.

La fundamentación de este escrito se encuentra sustentado en primera instancia en una relevancia social ya que busca analizar necesidades que surgen en el proceso de descentralización en cuanto a la participación eficiente en el sistema de educación escolar público, entendiendo el significado de las experiencias del fenómeno y de la teoría que complementa este proyecto, de esta forma es posible identificar un conocimiento más profundo del fenómeno (Hernández-Sampieri, 2014).

También, tendría una relevancia práctica, ya que podría dejar de manifiesto componentes que aporten para visualizar una necesidad, sustentándose en que, se evidencia que no existen los mecanismos suficientes para el despliegue de una participación ciudadana democrática y aceptable que propicie ambientes de crecimiento, desarrollo social y económico, sostenible y sustentable en el tiempo (Medranda, Torres, Romero, y Caluguillin, 2019).

Entonces, se viene a resaltar la importancia de los procesos de participación social de los diferentes actores involucrados y que buscan mejorar la eficiencia de los sistemas públicos, de sus recursos y su gestión, así mismo, también buscan mejorar las condiciones de igualdad en cuanto a la participación democrática y las condiciones de igualdad. Es aquí donde es posible integrar y vincular estos procesos participativos al sistema de educación.

Sumado a lo ya mencionado, cobra gran relevancia el concepto de la participación, interpretado de alguna forma como un proceso por el cual los actores sociales de la sociedad buscan compartir de alguna forma o influir en algunas decisiones en donde se ven involucrados asuntos que les afectan y de esta forma poder ser parte en ciertas acciones (Díaz, 2017).

Se integra a este trabajo el concepto de educación pública entendida como "aquella a la que tiene derecho cualquier ciudadano/a chileno sin ninguna distinción de origen racial o étnico, de religión, de capacidades físicas y mentales, y de base socioeconómica" (Ávalos, 2015, p. 1).

También puede ser entendida "en un sentido restringido (o propio) se califica de educación pública a aquella que es financiada y administrada por el estado" (García-Huidobro, 2015, P. 2). Así mismo, "es aquella provista por instituciones educacionales públicas, es decir, controladas y gestionadas por un organismo del estado, una autoridad pública o electa por la ciudadanía. Lo clave en esta definición es que el carácter público del controlador le imprime un mandato irrenunciable" (Bellei, 2017, p. 4).

Es importante destacar que existen problemáticas que hoy se visualizan en la descentralización de la educación y que se vienen arrastrando, esto, no es diferente al tener en cuenta el proceso de la nueva institucionalidad emergente de los Servicios Locales de Educación Pública en nuestro país, en donde se observa; el lento proceso de trasferencias en el mismo proceso de descentralización, la implementación de un mayor foco en impulsar una desconcentración de gastos y de problemas laborales más que centrarse en la calidad del sistema, una limitada cobertura para programas de participación y retención escolar en sectores vulnerables que reproduce y profundiza las desigualdades (OEA, 2008).

La Ley General de Educación (LGE) enmarca los principios, objetivos, obligaciones y promueve diferentes cambios para la educación de carácter público en Chile, uno de los principios que se enuncian en esta ley son la participación, en donde se entiende que todos los miembros que componen la comunidad educativa tienen el derecho a participar y ser informados en forma permanente (MINEDUC, 2009), consideraciones que hasta el día de hoy cobran mayor relevancia e importancia a la hora de construir un aparato público asociado a la nueva educación y consolidado desde las necesidades de quienes le componen, y son sus principales actores y beneficiarios.

Las demandas de la última década presentes en la sociedad dieron paso a la conformación de una nueva institucionalidad, es así como se crea la Dirección de Educación Pública (DEP), que tiene entre algunos objetivos la coordinación y orientación de los Servicios Locales de Educación, velar por la calidad de la educación, proponer políticas, planes y programas de educación (MINEDUC, 2019).

Durante el año 2017 se crea en Chile, el Nuevo Sistema de Educación Pública por medio de la promulgación de la Ley 21.040 que dispone que los municipios dejan de administrar los establecimientos públicos y que la nueva institucionalidad llamada Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) serán los nuevos sostenedores del sistema educativo que presenta bajo su régimen a salas cunas y jardines de la JUNJI, escuelas básicas y liceos. Proyectando la creación de 70 servicios y reemplazando a las 346 municipalidades que hasta aquella fecha administraban el sistema de educación bajo un carácter municipal, pero con financiamiento del estado.

Estos Servicios Locales de Educación Pública, tendrían que disponer de una mirada estratégica que permita desarrollar una visión global, metas compartidas por los actores que le componen; el consejo local de educación pública, los equipos directivos y los estamentos de las comunidades escolares, tributando a los principios de la educación pública.

Para complementar, se hace necesario fomentar la participación y vinculación con las comunidades y sus actores, por ello, los servicios deben promover la participación y la comunicación con la comunidad, desarrollando una relación de trabajo permanente con los consejos locales, los consejos escolares, centros de padres y apoderados, centro de estudiantes, estamentos directivos, unidades gremiales como el colegio de profesores, las asociaciones de asistentes de la educación, y con las municipalidades y otros organismos que puedan contribuir al desarrollo de una visión amplia como la propuesta para la nueva institucionalidad.

El proceso de instalación de los servicios locales como una nueva orgánica descentralizada fue lento, la percepción de participación fue de un proceso cerrado y sin importancia, el desconocimiento de la nueva institucionalidad es un desafío para la vinculación local, asociada también a una mala percepción de la educación pública, resultados deficientes en cuanto al aprendizaje y calidad del sistema, falta de un diseño de gestión para la participación, protocolos e información no oportuna y desconocida por los estamentos, (Agencia de Calidad de la Educación , 2020), elementos asociados a los problemas de participación, de comunicación, de vinculación y relación con las comunidades, sus actores y en su contexto geográfico, social económico y político.

Es relevante evaluar el proceso de la participación, existe falta orientaciones de una política pública clarificadora desde las autoridades nacionales, es necesario trabajar para una participación real aumentando el compromiso y la identidad de quienes se integren, de esta manera contribuir a la descentralización (Tapia y Olivares, 2021). Lo mismo sucede en el área educativa y que se relaciona a los Servicios Locales de Educación Pública, lo que viene a reflejar sistemas de participación que existen, que integra a sus actores pero que es poco eficiente a la hora de recoger las manifestaciones de sus integrantes para contribuir a la mejora del sistema de educación pública.